Presidente de Colombia camina entre los muertos de Azarías:
¿victoria militar o macabro show de poder?
La Operación Azarías, ejecutada en la madrugada del 30 de
agosto en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, Guaviare, se ha
convertido en uno de los golpes militares más contundentes contra las
disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco en los últimos doce
años. El propio presidente De la Espriella lo dijo sin rodeos: se trató del
ataque más fuerte de la Fuerza Pública en más de una década. Entre los abatidos
se confirmó la muerte de alias "Tigre" o "Pintado", jefe del
Frente Carolina Ramírez, y el balance final ascendió a 23 muertos, seis
capturados y un menor recuperado. Son cifras que, leídas en frío, hablan de una
ofensiva estatal de gran escala contra estructuras narcoterroristas que durante
años han sembrado terror en el sur del país.
Nadie discute que combatir a estos grupos armados es una
obligación constitucional del jefe de Estado. El artículo 189 de la
Constitución le otorga al presidente la conducción de la fuerza pública y la
responsabilidad de garantizar la seguridad de los colombianos. En ese sentido,
ordenar y respaldar operaciones como Azarías no solo es legítimo: es parte
esencial del mandato que la ciudadanía le confió en las urnas. El problema no
es que el Estado golpee a estructuras criminales responsables de extorsiones,
reclutamiento forzado y ataques con explosivos. El problema es lo que vino
después.
Lo que generó rechazo no fue la operación militar en sí,
sino la puesta en escena posterior: un presidente caminando, cámara en mano,
entre los cadáveres de quienes horas antes eran objetivo militar. No fue un
parte de guerra leído desde un despacho ni una rueda de prensa técnica con el
Ministerio de Defensa. Fue una caminata filmada, difundida y amplificada, en la
que el cuerpo sin vida del enemigo se convirtió en telón de fondo de un mensaje
político. Esa imagen —more que cualquier cifra oficial— es la que hoy circula
en redes sociales y la que ha encendido la indignación de sectores de la
opinión pública, organizaciones de derechos humanos y analistas del conflicto.
Aquí es donde la crítica se vuelve inevitable. Un jefe de
Estado puede, y debe, comunicar los resultados de la lucha contra el crimen
organizado. Pero existe una frontera ética entre informar y espectacularizar.
Cuando la muerte —incluso la de un cabecillas criminal— se convierte en
escenografía para un mensaje de fuerza, el Estado corre el riesgo de imitar
precisamente la lógica de barbarie que dice combatir. La solemnidad ante la
muerte no es un capricho protocolario: es lo que distingue la acción legítima de
un Estado de derecho de la retórica de guerra sucia que históricamente ha
marcado a Colombia. Un presidente no necesita posar junto a un cadáver para
demostrar autoridad; necesita instituciones sólidas, debido proceso y
resultados verificables.
El riesgo de normalizar estas imágenes es doble. Por un
lado, banaliza la muerte violenta en un país que ya carga con décadas de
conflicto armado y que no puede permitirse convertir los cuerpos —así sean de
integrantes de grupos armados ilegales— en trofeos de comunicación política.
Por otro, envía un mensaje peligroso hacia adentro y hacia afuera: que la
guerra contra el crimen se libra también en el terreno de la propaganda, y que
el triunfalismo puede pesar más que la sobriedad institucional que exige el
manejo de vidas humanas, incluso las de quienes delinquieron.
Colombia necesita un Estado que golpee con determinación a
las estructuras criminales que la asfixian, pero también necesita un liderazgo
que entienda que la autoridad no se mide en cadáveres exhibidos, sino en
instituciones que funcionan, en justicia que se cumple y en un país que deja de
convivir con la muerte como espectáculo. Ganarle la guerra a los
"Tigres" y "Mordiscos" del narcotráfico no puede tener como
precio que el propio Estado empiece a parecerse, aunque sea en la forma, a
aquello que combate.
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