Golpe del nuevo gobierno a los campesinos de Colombia.

En sus primeros días al frente del Ministerio de Agricultura, Indalecio Dangond anunció ante el Congreso que no renovará 10.000 contratos de prestación de servicios por $540.000 millones y que congelará $1,4 billones destinados a la compra de tierras para campesinos sin tierra.

 La decisión, presentada como una cruzada contra el "despilfarro" del gobierno anterior, ya generó rechazo en el sector rural y en la oposición, que la califican como el fin de facto de la reforma agraria.

El campo colombiano amaneció con una noticia que golpea directamente los bolsillos de miles de familias campesinas. Durante el debate del Presupuesto General de la Nación 2027 ante las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, confirmó que su cartera no renovará 10.000 contratos de prestación de servicios, una medida que representa el congelamiento de 540.000 millones de pesos que, según explicó, se destinaban en teoría al acompañamiento de comunidades rurales.

La estocada no se queda ahí. El funcionario también anunció que el gobierno detendrá por completo la compra de nuevas hectáreas de tierra para la reforma agraria mientras se adelanta una auditoría a los procesos del gobierno anterior. En total, quedan congelados 1,4 billones de pesos que estaban pendientes de pago por predios ya adquiridos, recursos que iban dirigidos a poner tierra en manos de campesinos sin territorio.

El ministro defendió el recorte asegurando que encontró nóminas paralelas infladas, con despachos que según sus cuentas, tenían hasta 25 asesores sin funciones claras ni asistencia real al trabajo. Habló de una herencia de "despilfarro" y "politiquería" que, dijo, exige una auditoría forense a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Restitución. El argumento suena impecable en el papel: pelear contra la corrupción. El problema es que las cifras muestran que quien paga los platos rotos, otra vez, es el campesinado.

La reacción no se hizo esperar. El senador David Racero, del Pacto Histórico, calificó el anuncio como el inicio de una "contrarreforma agraria" y llamó al campesinado a movilizarse para defender el acceso a la tierra. El propio expresidente Gustavo Petro salió a criticar la medida, señalando que Dangond le puso punto final al proceso de compra de predios para quienes menos tienen. Para la oposición, detrás del discurso anticorrupción hay una decisión política: desmontar en meses lo que tomó años construir.

Lo grave del asunto no es solo la cifra. Es lo que representa para miles de familias que dependían de esos contratos y de esos proyectos productivos para sembrar, sostener sus parcelas y sacar adelante a sus hijos. En un país donde el acceso a la tierra sigue siendo una de las deudas históricas más profundas, congelar de un plumazo la compra de predios y cortar 10.000 contratos no es un simple ajuste fiscal: es dejar a comunidades enteras sin la única puerta de entrada que tenían hacia la formalización y el desarrollo rural. Mientras el Gobierno promete auditorías y resultados a futuro, el campo colombiano sigue esperando lo único que nunca ha sobrado: certeza.