Un tribunal le acaba de recordar al país algo que parecía
obvio, pero que estaba en riesgo: en una democracia, ni siquiera un presidente
saliente puede ser silenciado por opinar. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca tumbó la orden que exigía a Gustavo Petro rectificar sus
señalamientos sobre presuntas irregularidades en las elecciones que le dieron
la victoria a Abelardo de la Espriella, al considerar que sus declaraciones por controvertidas que fueran hacen parte legítima del debate político y no vulneraron
derecho fundamental alguno.
El fallo que nadie esperaba: la Justicia le devuelve la voz
al expresidente Gustavo Petro
Un tribunal le acaba de recordar al país algo que parecía obvio, pero que estaba en riesgo: en una democracia, ni siquiera un presidente saliente puede ser silenciado por opinar. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la orden que exigía a Gustavo Petro rectificar sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en las elecciones que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella, al considerar que sus declaraciones por controvertidas que fueran hacen parte legítima del debate político y no vulneraron derecho fundamental alguno.
La decisión, conocida la semana pasada, revierte el fallo de
primera instancia dictado el 22 de julio por el Juzgado 21 Administrativo de
Bogotá, que había ordenado a Petro corregir públicamente sus cuestionamientos al
sistema electoral y al software usado durante los comicios presidenciales de
2026.
Para los magistrados de segunda instancia, el argumento
central es tan sencillo como contundente: una vez el Consejo Nacional Electoral
declaró ganador a De la Espriella y le entregó la credencial correspondiente,
las opiniones del mandatario saliente le gusten o no a sus críticos dejaron
de tener cualquier efecto jurídico sobre el resultado. Son, ni más ni menos,
opiniones. Y las opiniones, aunque incomoden al poder de turno, están
protegidas.
El tribunal fue enfático en un punto que debería
tranquilizar a cualquier demócrata: la acción de tutela no puede convertirse en
una herramienta para silenciar a funcionarios o expresidentes cuando expresan
posturas políticas, por más que esas posturas generen ruido o controversia.
Dicho de otra forma, no se puede usar la justicia constitucional como mordaza.
Tampoco quedó demostrado, según la Sala, que las publicaciones de Petro
hubieran representado una amenaza "cierta, actual e inminente" contra
los derechos de quien presentó la demanda original.
Vale la pena recordar el origen de este pulso jurídico:
meses atrás, en plena campaña, otro juez ya le había impuesto restricciones al
entonces presidente, exigiéndole neutralidad y pruebas verificables antes de
hablar de fraude. Ahora, con Petro ya fuera del cargo, la Justicia da un giro y
reconoce que ese tipo de órdenes carecían de sustento constitucional sólido.
Más allá del nombre propio, lo que está en juego aquí es un
principio que debería importarnos a todos: la posibilidad de disentir, de
cuestionar, de dudar en voz alta sin que eso se traduzca automáticamente en
sanciones judiciales. Es precisamente ese tipo de garantías las que sostienen
una democracia sana, incluso —y especialmente— cuando quien habla es alguien
que ya no está en el poder y cuyas palabras no tienen forma de torcer un
resultado electoral ya sellado.
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