Cuando Gustavo Petro entregó el poder el 7 de agosto de
2026, dejó un mercado laboral con desempleo de un solo dígito y una reducción
sostenida de la pobreza; un balance que economistas nacionales e
internacionales reconocen como avance social, aunque coinciden en que llegó
acompañado de un costo fiscal que ahora deberá administrar su sucesor.
El cierre del gobierno de Gustavo Petro deja una cifra que
ningún analista, ni siquiera sus críticos, discute: Colombia terminó su mandato
con desempleo de un dígito, algo que el país no lograba de forma sostenida
desde hacía años. Economistas consultados por medios especializados reconocen
avances sociales en el balance del Gobierno Petro, aunque advierten sobre el
déficit fiscal y los retos que heredará su sucesor. Leer ese resultado exige,
sin embargo, algo más que la cifra aislada: exige entenderlo dentro de la
arquitectura de política económica que lo produjo, y contrastarlo con las voces
—favorables y críticas— que lo han evaluado desde la academia.
El primer elemento estructural de esa arquitectura fue la
política salarial. A diferencia de la década anterior, en la que el salario
mínimo real crecía apenas cerca de 1% anual, entre 2022 y 2026 el incremento
fue de aproximadamente 39% real, cerca de 9% cada año. La pregunta que ha
ocupado a la teoría económica ortodoxa —si un incremento salarial de esa
magnitud destruye empleo— encontró en Colombia una respuesta empírica más
matizada de lo esperado: según el Center for Economic and Policy Research
(CEPR), centro de investigación con sede en Washington que ha seguido de cerca
la experiencia colombiana, esos aumentos salariales no estuvieron acompañados
de un deterioro visible del mercado laboral; por el contrario, el desempleo se
redujo de forma significativa.
Esa correlación —salario al alza y desempleo a la baja— es
precisamente el tipo de evidencia que Petro utilizó para respaldar su enfoque
frente a quienes pronosticaban lo contrario. En enero de 2026, cuando el
desempleo llegó a su mínimo histórico para ese mes pese a las previsiones
pesimistas de buena parte de la Junta Directiva del Banco de la República, el
propio mandatario fue explícito al vincular el resultado con la política de
salario mínimo, al señalar que los asesores económicos del Banco de la
República deberían revisar sus teorías.
Detrás de esa apuesta redistributiva hay una influencia
intelectual reconocida por el propio Petro desde el inicio de su proyecto
político: la del economista francés Thomas Piketty, autor de El capital en el
siglo XXI. Piketty asesoró de manera directa al entonces candidato desde
comienzos de 2022, cuando ambos discutieron el concepto de capital de su obra,
el trabajo estadístico del economista chileno José Gabriel Palma y la
posibilidad de consolidar una escuela de pensamiento económico latinoamericana
orientada a la equidad. Esa influencia se tradujo después en política pública
concreta: la apuesta más ambiciosa del gobierno para sanear las finanzas
públicas —un impuesto al patrimonio de los más ricos— estuvo inspirada en el
economista Thomas Piketty y en la convicción de Petro de que la desigualdad es
una afrenta moral. El hilo conductor, en clave piketiana, es claro: gravar la concentración
de capital para financiar transferencias y elevar el ingreso de los hogares más
pobres, bajo la premisa de que la desigualdad —y no el gasto social— es la
verdadera amenaza para el crecimiento de largo plazo.
Los datos agregados respaldan parte de esa hipótesis. Según
Anif, el centro de pensamiento económico colombiano, se registraron importantes
avances sociales, con la reducción de la pobreza y bajas históricas en el
desempleo durante el cuatrienio. En cifras concretas, el mismo informe estima
que cerca de 2,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y
alrededor de 1 millón de la pobreza extrema, un avance que atribuye a las
transferencias y al alza del salario real. Sectorialmente, el crecimiento del
empleo en 2026 se explicó sobre todo por la expansión de la administración
pública, la educación y la salud, junto con comercio y construcción: sectores
que combinan inversión estatal directa y reactivación del consumo interno, en
línea con una lectura de corte keynesiano sobre el papel del gasto público como
motor de demanda agregada en fases de desaceleración global.
No obstante, la evaluación académica seria exige incorporar
la contracara que los propios analistas señalan. El mismo informe de Anif que
celebra los indicadores sociales advierte que persiste un grave deterioro
fiscal, con alta deuda pública y una débil inversión privada. Es decir: el
modelo de reducción del desempleo vía gasto público y transferencias logró su
objetivo social, pero a un costo fiscal que su sucesor, Abelardo de la
Espriella, deberá administrar en un contexto de inflación con tendencia
nuevamente al alza y crecimiento económico en desaceleración, según reportó
France 24 en su balance de cierre del mandato.
A esa tensión fiscal se suman los límites estructurales que
el propio DANE reconoce en sus reportes más recientes: la informalidad laboral
sigue por encima del 54%, el desempleo juvenil dobla el promedio nacional y
persiste una brecha de género de más de tres puntos porcentuales. Son
indicadores que ningún ciclo de gobierno de cuatro años resuelve por completo,
y que matizan la lectura triunfalista del dato agregado sin invalidar el logro
que representa.
En síntesis, el legado laboral de Gustavo Petro admite una
lectura de doble entrada. Desde la perspectiva de la teoría de la desigualdad
—la que Piketty ayudó a formular y que Petro adoptó como brújula—, el resultado
es coherente: elevar el ingreso de los más pobres, vía salario mínimo y
transferencias, generó demanda interna y empleo sin el efecto contractivo que
anticipaba la ortodoxia monetaria. Desde la perspectiva de la sostenibilidad
fiscal y de la calidad del empleo, el mismo modelo deja una factura pendiente y
una informalidad persistente que condicionarán el margen de maniobra del
próximo gobierno. Cualquier análisis riguroso del período 2022-2026 tendrá que
sostener ambas conclusiones a la vez, sin sacrificar ninguna en nombre de la
otra.
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