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Redacción: Juan Fonseca. 

El presidente Abelardo De la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia Ramírez como director del DANE, apenas tres semanas después de su nombramiento, luego de que el funcionario afirmara que no encontró anomalías en los indicadores económicos de julio, el último mes de gestión del gobierno de Gustavo Petro. La salida se produce en medio de una directiva presidencial que restringe las declaraciones públicas de los funcionarios del Ejecutivo y que ya había llevado a la cancelación de una rueda de prensa del DANE.

Gobierno de De la Espriella destituye al director del DANE, Ricardo Valencia, en medio de restricciones a la independencia de la entidad.

La salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística no es un cambio administrativo cualquiera. Se trata del primer alto funcionario expulsado del gabinete de Abelardo De la Espriella, y ocurre justo después de que Valencia se negara a poner en duda, sin auditoría previa, las cifras económicas producidas en julio bajo el gobierno saliente de Gustavo Petro. El comunicado oficial de la Presidencia habla de "revisión rigurosa" de la información, pero el trasfondo político es difícil de ignorar: un gobierno de tendencia derechista removiendo al responsable técnico de las estadísticas oficiales justo cuando esas cifras no confirmaban el relato que el nuevo Ejecutivo quería instalar sobre la gestión anterior.

Este episodio no es aislado. Días antes, el DANE había cancelado de manera abrupta, media hora antes de su inicio, la rueda de prensa en la que se presentarían los resultados de inflación de agosto. Según reveló La Silla Vacía, la orden vino directamente de Presidencia, en aplicación de una directiva que exige autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones para que cualquier funcionario del Gobierno hable con medios. La medida generó rechazo inmediato de exdirectores del DANE de distintos gobiernos, incluido Juan Daniel Oviedo, quien dirigió la entidad durante la administración de Iván Duque—, quienes advirtieron que la ley 2335 protege explícitamente al DANE de presiones políticas sobre sus formas de difusión.



Lo que está en juego aquí trasciende un cambio de nombre en un organigrama. El DANE es la entidad que produce los datos con los que se mide el desempleo, la inflación y el desempeño económico del país; su credibilidad depende de que nadie, ni el gobierno de turno, sea del color que sea,  pueda torcer esas cifras según le convenga. Que un director sea removido después de negarse a cuestionar datos heredados, y en medio de un blindaje generalizado a la comunicación oficial, encendió las alarmas de estadígrafos, congresistas y hasta sectores del propio partido de Gobierno, que pidieron reconsiderar la censura a las ruedas de prensa.

El comunicado presidencial insiste en que "la independencia técnica del DANE será respetada y garantizada" y que "nadie interferirá en su rigor científico". Pero la secuencia de hechos, directiva de silencio, cancelación de rueda de prensa, y ahora la salida del director que no encontró irregularidades en los datos del gobierno anterior,  dibuja un patrón que resulta difícil de conciliar con esa promesa. La frase final del comunicado, "posición política de un organismo técnico, no", suena menos a garantía de independencia y más a advertencia hacia quien ocupe la silla de ahora en adelante.

En el nuevo director, Juan Manuel Alvarado Nivia, recaerá la tarea de demostrar que el DANE puede seguir siendo un organismo técnico y no una correa de transmisión del relato oficial. El país estadístico y los millones de colombianos cuyas decisiones económicas dependen de esas cifras, estará observando si la próxima vez que los datos no favorezcan al Gobierno de turno, la entidad resiste la presión o repite el ciclo que acaba de costarle el cargo a Ricardo Valencia.


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