Una jueza federal de Manhattan declaró ilegal la política
del Departamento de Estado que, desde enero, había paralizado la emisión de
visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia, Uruguay y
Cuba, en un fallo que representa un nuevo revés judicial para la agenda
migratoria del gobierno de Donald Trump.
La magistrada Jeannette A. Vargas, del Distrito Sur de Nueva
York, resolvió que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus
atribuciones legales al ordenar el bloqueo masivo de visados por nacionalidad.
En una sentencia de 61 páginas, la jueza calificó la medida de manifiestamente
ilegal y advirtió que contradice de forma directa la ley federal de
inmigración, que otorga a los funcionarios consulares, no al secretario de Estado,
la potestad exclusiva de evaluar caso por caso cada solicitud.
La suspensión, activada en enero pasado, había alcanzado a
cerca del 40% de los países del mundo. Además de Colombia, Uruguay y Cuba, la
lista incluía a Brasil, Guatemala, Haití y Nicaragua en América Latina, junto
con naciones de los Balcanes, el sur de Asia, África y Medio Oriente, como
Rusia, Somalia, Afganistán e Irán.
La Casa Blanca había justificado la medida como una
herramienta para frenar lo que denominó un uso indebido de los programas de
asistencia social por parte de nuevos inmigrantes.
Sin embargo, Vargas fue enfática al señalar que la orden
llevó a los funcionarios a negar visados incluso a solicitantes que cumplían
todos los requisitos legales y que, muy probablemente, habrían sido
autosuficientes en territorio estadounidense.
La jueza remarcó que esa lógica pasa por alto la evaluación
individualizada que exige el Congreso, y no una etiqueta genérica basada en el
país de origen. La decisión anula automáticamente cualquier negativa de visado
que se haya sustentado únicamente en esta política, aunque las denegaciones
respaldadas en otros motivos legales podrían mantenerse en pie.
a demanda que dio origen al fallo fue presentada por
organizaciones de defensa de migrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration
Network y African Communities Together, junto con solicitantes directamente
afectados, incluidos varios profesionales colombianos a quienes se les había
negado la visa citando expresamente esta política.
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